El Departamento de Justicia de EEUU presentó una demanda este jueves, 6 de febrero, contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois. En concreto, se denunció que las autoridades locales dificultan las labores de las autoridades de migración.
De acuerdo con medios locales, presentada en una corte federal en Illinois, la demanda solicita que los jueces revoquen y califiquen de inconstitucionales las disposiciones que existen a nivel estatal y local para proteger a la población indocumentada de la deportación.
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Esta acción es la primera que la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, toma en contra de un gobierno local.
Trump había advertido previamente que iría tras las alcaldías y estados que no colaboren con sus políticas de mano dura contra los más de 11 millones de personas que viven en el país sin un estatus legal.
El Departamento de Justicia señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago. Las mismas prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración y limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.
Las disposiciones mencionadas son conocidas como leyes de «ciudad santuario», vigentes en varias de las principales urbes del país, incluyendo Nueva York y Los Ángeles.
Como era de esperarse, estas leyes han sido ampliamente criticadas por los políticos republicanos y el actual mandatario.
Según la demanda, estas normas están diseñadas para interferir y discriminar contra la potestad del Gobierno federal para hacer cumplir la ley migratoria de EEUU.
Los abogados del Gobierno insisten en que muchos de los migrantes indocumentados que están en EEUU presentan una amenaza contra la seguridad nacional.
Argumentan que algunos de estos extranjeros encuentran un lugar seguro en las llamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan junto a «estadounidenses inocentes, que luego podrían convertirse en víctimas de sus crímenes».
Sin embargo, bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.
En tanto, las medidas de los gobiernos santuario han sido defendidas por los gobiernos locales y organizaciones. Aseguran que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes.
