Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Argenis Guerra Barreto, director del Centro de Formación de Hombre Nuevos Simón Bolívar en El Paraíso, Caracas. Desde esta cárcel operaba Juan Carlos Araujo, el reo señalado por presuntamente organizar el concierto de Romeo Santos en La Carlota.
Aparentemente Guerra permitía esta y otras irregularidades como parte de una política de corrupción que imperaba en el lugar. Por estos delitos también quedaron privados de libertad Keny Romero Seijas, Jefe de Régimen del Centro de Reclusión y, Javier López, custodio asistencial.
«Valiéndose de sus cargos permitieron el ingreso de equipos celulares y laptops, destinadas a Juan Carlos Araujo, director de la empresa Solid Show, detenido en dicho centro de reclusión por financista en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir, para que este se encargara de realizar operaciones ilícitas», detalló el director del Cicpc, Douglas Rico.
No obstante, estas no eran las únicas actividades delictivas en que estos directivos estarían involucrados. De acuerdo con la investigación del Cicpc, en dicho centro de reclusión operaban varias empresas clandestinas. Desde allí se organizaron varios conciertos.
LEA TAMBIÉN: INMOVILIZARÁN ACTIVOS DE ORGANIZADORES DEL CONCIERTO DE ROMEO SANTOS
«Permitiendo el director del centro de reclusión la salida de Araujo para realizar las negociaciones. Se continúa el trabajo de investigación para detener al resto de los involucrados», añadió Rico.
Eligio Rojas detalló que Araujo recibía permisos para poder salir de la cárcel hasta por 15 días y luego regresaba.
Araujo, quien cumple una condena de 30 años, por tráfico de drogas, contaba con su propia oficina en la prisión, según reseñó Últimas Noticias.
Mientras tanto, la realidad del resto de los privados de libertad era mucho más complicada. Guerra cobraba a los privados de libertad para que pudieran recibir visitas de sus familiares, las cuales están autorizadas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, sin ningún tipo de costo.
