En un movimiento que ha generado controversia, los republicanos han cumplido su promesa de ir en contra del programa de ‘parole humanitario’ implementado por la administración del actual presidente de EEUU, Joe Biden.
Recientemente, publicaron un informe en el que calificaron el programa como «ilegal» y lo acusan de estar plagado de fraudes y abusos.
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Este informe ya encendió el debate sobre la legalidad y efectividad del programa de libertad condicional humanitaria para ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV).
No solo tildan al programa de “ilegal”, sino que lo catalogan como “un desastre plagado de fraudes”, culpable de socavar “la seguridad nacional” y de poner “en peligro la seguridad pública”, por encima de los “intereses de los estadounidenses”.
El informe de 14 páginas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y su Subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento Migratorio lo publicaron este miércoles, 20 de noviembre.
En las páginas se expone las supuestas pruebas documentadas de un “fraude y abuso rampante” del programa de la administración Biden-Harris, que ha permitido la entrada legal a Estados Unidos a más de 531.000 ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
“A través de CHNV, cada mes hasta 30.000 extranjeros —que de otro modo no tienen base para entrar en el país y que tienen un ‘partidario’ en los Estados Unidos— pueden eludir la frontera y volar directamente al país en vuelos comerciales para que se les conceda la libertad condicional durante dos años”, reza el documento, que fue difundido en X (Twitter) por el GOP Judicial de la Cámara de Representantes.
QUIEREN DETENER ‘EL PAROLE’
Asimismo, se catalogó el programa como parte de “los abusos de la ley de inmigración por parte de la administración” demócrata. También se denunció la imposibilidad de Biden para detener una crisis que ha afectado “negativamente” a comunidades de todo el país, advirtieron los republicanos.
Es por ello, que hicieron un llamado al Congreso de EEUU para detener un programa que, según ellos, se implementó “sin su autorización”.
“Está claro que el Congreso debe actuar para hacer frente a la afluencia masiva de inmigrantes ilegales durante la Administración Biden-Harris y frenar las políticas de fronteras abiertas, peligrosamente radicales”, sostienen.
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