El reciente fallo de un juez federal en Seattle bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente de EEUU, Donald Trump, que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
Esta orden, emitida este lunes, 20 de enero, pretendía negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de padres que viven sin la documentación pertinente en el país.
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Sin embargo, el juez John C. Coughenour calificó la orden de «abiertamente inconstitucional» y procedió a bloquearla en espera de más alegatos.
La ciudadanía por nacimiento es un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen».
Esta enmienda fue ratificada en 1868 para garantizar la ciudadanía de los antiguos esclavos después de la Guerra Civil.
Los detractores de la migración sin restricciones argumentan que este principio incentiva a las personas a ingresar o permanecer en Estados Unidos ilegalmente. Todo con la esperanza de que sus hijos obtengan la ciudadanía y eventualmente puedan solicitar la residencia legal para sus padres.
Pero lo cierto, es que el fallo del juez Coughenour representa solo el primer desafío legal que enfrentará la orden de Trump. En las próximas dos semanas, las partes presentarán más informes sobre los fundamentos legales de la orden ejecutiva.
Además, se han presentado al menos cinco demandas en todo el país. Exactamente, con 22 estados y varios grupos de defensa de los derechos de los migrantes impugnando la medida.
La próxima audiencia está programada para el 6 de febrero, donde se escucharán argumentos a favor y en contra de dictar una orden preliminar que bloquearía la orden ejecutiva a largo plazo mientras el caso avanza.
Como era de esperarse, la decisión de Trump de emitir esta orden ejecutiva ha generado una gran controversia y preocupación entre las comunidades migrantes y los defensores de los derechos humanos.
La medida ha sido criticada por ser inhumana y excesiva. También reavivó el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos y la necesidad de una reforma integral. Sobre todo, que aborde las causas subyacentes de la migración.
Los críticos argumentan que las medidas punitivas y la militarización de la frontera no resolverán el problema a largo plazo. Señalaron que solo exacerbarán la situación de vulnerabilidad de los migrantes.
