La Ley Laken Riley, recientemente aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha generado un intenso debate sobre la inmigración y la seguridad fronteriza.
Esta legislación lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería estadounidense asesinada por un migrante indocumentado venezolano en Georgia en 2024.
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Efectivamente, la ley amplía las facultades de las agencias migratorias para arrestar y deportar a migrantes que hayan sido acusados de delitos menores, como el robo en tiendas.
Uno de los aspectos más controversiales de la Ley Laken Riley es que permite a los estados demandar al gobierno federal. Se puede hacer si consideran que no se está cumpliendo con la protección de la frontera.
Esto último otorga más poder a los funcionarios estatales antiinmigración y jueces federales para dictar la aplicación de las leyes de inmigración de Estados Unidos.
Además, la ley faculta a las autoridades federales para arrestar a migrantes por delitos menores. Esto, incluso si los mismos no han sido condenados, lo que podría dar lugar a deportaciones masivas sin un juicio adecuado.
Es por ello, que las organizaciones de derechos civiles y de migrantes han expresado su fuerte oposición a la ley. Argumentan que elimina el debido proceso para los acusados de delitos no violentos.
Por ejemplo, la Coalición de Inmigración de Nueva York alertó sobre los peligros de que migrantes sean deportados antes de tener la oportunidad de defenderse en un tribunal de justicia.
Asimismo, algunos demócratas consideran que la ley estigmatiza la migración. Consideran que se asocia a los extranjeros injustamente con la criminalidad, a pesar de que los estudios indican que los migrantes cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, la Ley Laken Riley ha recibido apoyo tanto de republicanos como de demócratas, pero su futuro en el Senado sigue siendo incierto.
Para su promulgación, los republicanos necesitan al menos el apoyo de siete senadores demócratas. Por ese motivo, las próximas semanas serán cruciales para determinar si la Ley Laken Riley se convertirá en una nueva política migratoria en Estados Unidos.
