La legislatura de Florida (EEUU) se encuentra en víspera de aprobar un paquete de leyes que endurecerían significativamente las políticas migratorias, lo que podría transformar la vida de miles de migrantes en el estado.
Estas nuevas leyes reflejan tanto las prioridades nacionales en materia de inmigración como las complejas dinámicas internas del Partido Republicano en Florida.
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Entre las medidas propuestas se incluye la creación de la Junta Estatal de Cumplimiento de Inmigración, un organismo compuesto por el gobernador, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el jefe de finanzas del estado.
La nueva Junta Estatal de Cumplimiento de Inmigración centralizará y coordinará las actividades de control migratorio en colaboración directa con las autoridades federales.
Una de las características clave de esta junta es que las decisiones deberán tomarse de forma unánime, lo que, según el presidente del Senado, Ben Albritton, responde a un enfoque basado en el “consenso”.
Esta exigencia de unanimidad surge en un contexto de reconfiguración del gabinete estatal, con cambios significativos en cargos como el del fiscal general y el jefe de finanzas, lo que podría influir en el equilibrio de poder dentro de la junta.
Además, el paquete legislativo incluye sanciones más severas para quienes no colaboren con las autoridades federales y reformas que afectan directamente a la población migrante en ámbitos como la educación y el sistema penal.
Por ejemplo, se propone la detención obligatoria para migrantes indocumentados que cometan delitos graves.
También se establece un fondo de 250 millones de dólares en subvenciones destinadas a las agencias locales de seguridad pública que colaboren en operaciones de control migratorio.
La nueva ley también modifica el “Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados”, que inicialmente permitía la reubicación de migrantes sin necesidad de coordinación directa con el gobierno federal.
Ahora, el estado solo podrá realizar estos traslados si las autoridades federales de inmigración lo solicitan. Esta medida busca limitar el alcance del programa y asegurar una mayor cooperación entre los niveles estatal y federal.
