A través de un reciente memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aseveró que no cuentan con los recursos necesarios para implementar la nueva Ley Laken Riley.
Esta ley, que ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes de EEUU, propone la detención y deportación de migrantes sin estatus legal que hayan sido acusados de delitos menores.
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Sin embargo, por medio del memorando se indicó que la medida es «imposible de ejecutar con los recursos existentes».
En el documento de ICE se estimó que se necesitarían $26.900 millones de dólares para cumplir con la Ley Laken Riley en su primer año.
Esta cifra es significativamente superior a las estimaciones previas, que rondaban los $3.200 millones.
La implementación de la ley requeriría una expansión masiva de la infraestructura de detención. Esto, incluyendo la necesidad de 110.000 camas adicionales en centros de detención y más de 10.000 agentes y personal de apoyo.
La falta de asignación presupuestaria para cubrir estos costos plantea una gran interrogante. Puntualmente, sobre cómo se financiará la implementación de la ley si se aprueba sin el presupuesto necesario.
Esta situación pone de manifiesto la brecha entre la retórica política y realidad práctica de la gestión migratoria. Mientras tanto, el debate en el Senado continúa, con legisladores de ambos partidos trabajando en enmiendas para encontrar un equilibrio entre las posturas políticas y las implicaciones financieras.
En concreto, La Ley Laken Riley, de ser aprobada, ordenaría a las autoridades federales de inmigración detener y deportar a cualquier persona que se encuentre en EEUU sin estatus legal. Específicamente, si ha sido acusada, arrestada o condenada por robo-asalto, atraco, latrocinio o hurto y robo en tiendas minoristas.
