La Junta de Educación del Estado de Oklahoma (EEUU) aprobó una propuesta que requeriría que los padres proporcionen pruebas de ciudadanía o estatus migratorio al inscribir a sus hijos en las escuelas públicas.
De acuerdo con medios locales esta medida, impulsada por el superintendente de educación estatal republicano, Ryan Walters, busca recopilar datos sobre el número de estudiantes cuyos padres no tienen documentación legal.
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Aunque la propuesta aún necesita la aprobación del legislativo y del gobernador, ha generado una fuerte reacción tanto a favor como en contra.
Walters argumentó que la propuesta no impedirá que los estudiantes sin estatus legal asistan a la escuela, sino que simplemente permitirá a las escuelas conocer mejor la distribución de los recursos y el personal.
“Nuestra regla sobre la contabilización de la inmigración ilegal es simplemente eso”, dijo Walters. “Es contabilizar cuántos estudiantes de inmigrantes ilegales hay en nuestras escuelas”, agregó.
Sin embargo, grupos de derechos civiles y educadores han expresado su preocupación, afirmando que la recopilación de información sobre el estatus migratorio podría intimidar a las familias y disminuir el acceso a la educación pública.
En consecuencia, la decisión ha sido vista como un intento de alinearse con las políticas de inmigración del presidente de EEUU, Donald Trump.
Para entender la magnitud de la propuesta, es de destacar que se estima que al menos 90.000 residentes de Oklahoma no tienen estatus legal. Esto, incluidos unos 6.000 niños matriculados en escuelas del estado, según el Migration Policy Institute, un grupo de expertos con sede en Washington DC, centrado en mejorar la política de inmigración.
