Un tribunal de apelaciones de EEUU confirmó este miércoles, 28 de agosto, una ley federal que prohíbe a los migrantes que se encuentran ilegalmente en el país norteamericano poseer armas de fuego.
De acuerdo con lo reseñado en el portal web de la Voz de América (VOA), la decisión correspondió al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos.
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La misma se produjo tras la apelación de José Paz Medina-Cantu, un migrante mexicano condenado por posesión ilegal de un arma de fuego y reingreso ilegal al país después de una deportación previa.
Medina-Cantu argumentó que la prohibición violaba su derecho constitucional a poseer y portar armas, pero el tribunal rechazó su apelación.
Medina-Cantú se declaró culpable y fue condenado el año pasado a 15 meses de prisión. Pero se reservó el derecho de alegar en apelación que el cargo de posesión de armas violaba su derecho a poseer y portar armas en virtud de la Segunda Enmienda.
APELACIÓN DENEGADA
El panel de tres jueces del tribunal, con sede en Nueva Orleans, sostuvo que la prohibición sigue siendo válida incluso después de las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos que han ampliado los derechos de uso de las armas.
Los jueces argumentaron que las restricciones de armas de fuego deben estar en consonancia con la historia y la tradición de la nación, y que la Segunda Enmienda no abarca a los migrantes ilegales en el país.
El juez James Ho, designado por el expresidente Donald Trump, escribió en una opinión concurrente que no se deben extender los derechos a los extranjeros ilegales más allá de lo que exige la ley.
En concreto, la decisión del tribunal se basa en una interpretación estricta de la Segunda Enmienda y en la necesidad de mantener la seguridad pública.
Los defensores de los derechos de los migrantes han criticado la decisión, argumentando que discrimina a una población vulnerable y que podría tener consecuencias negativas para la seguridad de las comunidades migrantes.
Sin embargo, los defensores de la prohibición sostienen que es una medida necesaria para prevenir el acceso a armas de fuego por parte de personas que no tienen un estatus legal en el país.
