La Misión internacional independiente de determinación de hechos de la ONU exhortó al chavismo a «detener inmediatamente la creciente represión» desatada en el país desde el 28 de julio.
En un comunicado publicado este lunes llamó a investigar las «graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo».
La Misión precisó que ha seguido muy de cerca lo ocurrido en Venezuela.
«Las protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado. La Misión lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años», indicó.
El organismo instó a las autoridades venezolanas a investigar «exhaustivamente» las muertes ocurridas en el marco de las protestas. «De confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”, añadió.
«DETENCIONES ARBITRARIAS»
Por otra parte, expresó sus preocupaciones por las detenciones que han ocurrido en el país.
«La Misión ha registrado elementos comunes en estas detenciones, que las convierten en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia», acotó.
«Entre estos elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas», añadieron los investigadores.
Patricia Tappatá, experta de la Misión, dijo que “deben liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”. En este sentido, exigió al chavismo respetar las normas internacionales sobre el debido proceso.
«La gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades. Muchas de estas detenciones ocurrieron después de que las personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades las fueron a buscar selectivamente en sus casas», reseñó la Misión.
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Además, alzaron su voz por los menores de edad en los calabozos de los organismos de seguridad.
«La Misión ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas. Además, los niños, niñas y adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales», aseveró.
“La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, señaló Francisco Cox, experto de la Misión.
Para finalizar, se comprometieron a seguir verificando e investigando «las violaciones a los derechos en Venezuela».
