Ocho instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hicieron un llamado de atención conjunto al gobierno de Nicolás Maduro por las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los presos políticos en Venezuela.
«Los centros de detención en Venezuela, tanto preventivos como penitenciarios, presentarían condiciones de detención inadecuadas, de manera sistemática, lo cual sería un obstáculo para garantizar una atención médica adecuada, condiciones sanitarias adecuadas y la seguridad alimentaria de las personas privadas de libertad. Las condiciones en los centros de detención estarían
agravadas por el hacinamiento y el uso excesivo e inadecuado de la prisión preventiva», reseñó el texto.
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Los expertos alertaron sobre las dificultades para comprobar la plena gravedad de la situación «debido a la falta de datos oficiales actualizados y desagregados».
«Desde febrero a abril de 2024, se habrían trasladado a Rodeo I al menos 76 hombres privados de libertad. Según las alegaciones recibidas, el suministro de agua para el aseo personal y para lavar la ropa sería insuficiente. La alimentación en el centro también sería insuficiente, ya que se ofrecería arroz y avena sin algún tipo de proteína, fruta o vegetales. Se habría reportado la visible pérdida de peso de las personas privadas de libertad desde su traslado a Rodeo I. Las comidas las suministrarían dentro de las celdas de detención, donde las personas privadas de libertad también deben hacer sus necesidades fisiológicas en una letrina», alertó.
Por consecuencia, reportaron que privados de libertad han sufrido infecciones en la piel, deshidratación y diarrea aguda.
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Los expertos de la ONU alertaron que los privados de libertad solo pueden salir al patio una hora cada día y las otras 23 tienen que estar en sus celdas. No obstante, hay algunos casos en donde le niegan por completo la salida al patio a algunos de los presos.
«Las personas privadas de libertad estarían en celdas individuales, sin contacto con otras personas detenidas, efectivamente colocándolas en situación de aislamiento. Se habrían registrado restricciones arbitrarias de visitas y la prohibición total de llamadas. Los guardias permanecerían encapuchados en todo momento y no llevarían identificación, incluso en acompañar a las visitas esporádicas», denunció.
«Las alegaciones incluyen amenazas, malos tratos y reclusión en aislamiento durante períodos prolongados de tiempo. Los privados de libertad con afecciones específicas no estarían recibiendo la provisión de sus medicamentos, ni dietas especiales requeridas por sus afectaciones de salud por parte de los funcionarios de Rodeo I. Al mismo tiempo, los familiares habrían experimentado dificultades en hacer recibir alimentos y medicinales a sus seres queridos», continuó.
Esta situación habría agravado especialmente la condición de privados de libertad con enfermedades crónicas, como enfermedades cardiacas, hipertensión y afecciones respiratorias graves.
CONSECUENCIAS DEL 28 DE JULIO EN LAS CÁRCELES
Los expertos de la ONU alertaron que luego del 28 de julio las condiciones de detención en los centros de detención del país se habrían agravado, debido al significativo aumento de personas detenidas en el contexto postelectoral.
«Además del aumento del hacinamiento en los centros de detención después de las elecciones, la situación de las personas privadas de libertad se habría agravado también debido a restricciones para las visitas de familiares, disminución de número de comidas proporcionadas al día, en manera selectiva y presuntamente punitiva, contra algunas personas opositoras del Gobierno o percibidas como tales, como reportado en Rodeo I. Asimismo, se han reportado tratos crueles y requisas», reseñó.
Asimismo, reportaron múltiples irregularidades en el debido proceso. «En algunos casos se reportaron las desapariciones forzadas llamadas de ‘corta duración’ en el marco de las cuales las personas serían detenidas por las autoridades del Estado, llevadas a centros de detención reconocidos y posteriormente se les negarían ciertas salvaguardias legales fundamentales, incluido el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica de su elección, situándolas fuera de la protección de la ley».
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«Según las alegaciones recibidas, a los familiares que buscan a sus seres queridos en los centros de detención se les negaría sistemáticamente información sobre su suerte y paradero. En ocasiones se les diría que estaban en cierto lugar y dentro de una lista, pero sin tener posibilidad de comprobar dicha información o tener contacto con la persona, mientras en otras ocasiones, familiares acudirían a dejar bienes básicos como jabón, pasta de dientes, toallas sanitarias que serían recibidos por los funcionarios de los centros de detención, pero no habría certeza sobre su efectiva entrega a las personas privadas de libertad», alertó.
El escrito de la ONU se extiende por 37 páginas y concluye exhortando al gobierno de Maduro a que adopte todas las medidas necesarias para prevenir un daño irreparable a la vida y a la integridad de las personas privadas de libertad en Venezuela, proteger sus derechos e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas.
«Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan», concluyó.
