El gobierno de Panamá condenó este martes la «injustificada demorada» de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación en el caso de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Jorge Corrales, agregado de la Embajada de Panamá en La Haya, habló durante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma. Durante su alocución alertó sobre los retrasos en el caso de Venezuela ante la CPI.
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«Expresamos nuestro profundo desacuerdo por la lentitud de la investigación por el fiscal de la Corte, a pesar de las evidentes vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela, especialmente a partir de la viciada elección del 28 de julio de 2024», dijo Corrales.
El diplomático sostuvo que el fiscal de la CPI, Karim Khan, debe avanzar con la «misma celeridad con que ha tenido en otras situaciones». «Los derechos humanos de los venezolanos tienen igual valor que los del resto de los pueblos del mundo», acotó.
«ACCIONES CONCRETAS»
Corrales exhortó a miembros del Estatuto de Roma a presionar a la CPI. En tal sentido, el diplomático sostuvo que se debe «apoyar y demanda la pronta adopción de acciones concretas sobre Venezuela».
«Asegurando así que el principio de justicia universal sea una realidad para todas y todos los venezolanos, y víctimas de crímenes de lesa humanidad. Todas las víctimas merecen un acceso igualitario a la justicia», concluyó.
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🇵🇦 Jorge Corrales, representante diplomático de Panamá ante la 23° Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, cuestionó la «injustificada demora» en la investigación de la CPI sobre el caso de Venezuela.
🗣️ «Los Derechos Humanos de los venezolanos tienen igual valor que los… pic.twitter.com/Y6tG7EJofn
— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) December 3, 2024
Durante la misma Asamblea, el gobierno de Argentina pidió a la Fiscalía de la CPI celeridad sobre la investigación. También elevó la denuncia del asedio de su embajada en Caracas por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.
La Fiscalía de la CPI abrió a finales de 2021 la investigación sobre Venezuela. Afirmó que hay “fundamentos razonables” para afirmar que autoridades, militares e individuos oficialistas cometieron crímenes de lesa humanidad.
