La líder de la Misión Internacional de Verificación de los Hechos para Venezuela de la ONU, Marta Valiñas, ofreció algunos detalles sobre las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«En el período postelectoral se intensificó la represión estatal de voces críticas o de personas percibidas como opuestas al gobierno. Por un lado, está el carácter masivo e indiscriminado de las detenciones arbitrarias que ocurrieron después de las elecciones. Y por el otro, la forma en la que las realizaron. En algunos casos, las fuerzas de seguridad del Estado fueron a las viviendas, muchas veces sin una orden, y detuvieron a las personas solamente por algún video o alguna declaración que habían encontrado en redes sociales», indicó.
Asimismo, señaló que se trató de un proceso rápido y sistemático que dejó a las personas totalmente vulnerables.
«No es solo el hecho de que no tenían orden de detención o no estaban informando sobre las razones de las capturas, sino que no les permitían el acceso a su familia ni a abogados de su elección, ni siquiera a organizaciones de la sociedad civil que prestan asistencia jurídica», alertó en entrevista con BBC Mundo.
ONU: PRÁCTICAS SIN PRECEDENTES
La Misión de la ONU lleva años investigando a Venezuela. Sin embargo, desde el 28 de julio han descubierto nuevas prácticas irregulares por parte de los organismos de seguridad.
«En primer lugar, están las audiencias colectivas donde se imputan cargos como terrorismo o incitación al odio sin una individualización de la conducta de cada una de estas personas. Esto no lo vimos en las protestas de 2014, 2017 o 2019. Algunas de las audiencias fueron realizadas con los niños, niñas y adolescentes que fueron detenidos, sin presencia de sus padres ni asistencia legal», advirtió.
«Hemos podido investigar algunos casos individuales, pero solo una pequeña muestra de este universo enorme de casos. Por ejemplo, en nuestro informe damos cuenta de 2 niñas que fueron detenidas porque estaban pasando cerca de una protesta y las insultaron, las golpearon y las detuvieron junto con hombres adultos», añadió.
En este sentido, hizo énfasis en las nuevas prácticas de violencia sexual.
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«A una la liberaron, pero la otra permaneció detenida y sufrió manoseos estando embarazada. Eso es violencia sexual y es una violación de sus derechos reproductivos. La detención de niños, niñas y adolescentes con esta magnitud no la habíamos visto», acotó.
«Hemos documentado casos de hombres detenidos que golpearon o recibieron descargas eléctricas en los genitales. Tenemos mujeres que hablan de manoseos o el caso de una mujer que había informado que estaba embarazada y aún así la golpearon y perdió a su bebé. Hay casos de mujeres detenidas que coaccionaron a tener relaciones sexuales con los guardias para tener acceso a bienes básicos, pero que los ven como beneficios o privilegios dentro de las cárceles», contó la experta de la ONU.
Finalmente, destacó el aumento de detenciones de personas con un perfil público conocido. «Freddy Superlano, María Oropeza o William Dávila. Esto lo habíamos visto en casos como el de Rocío San Miguel y otras personas detenidas con sus familiares. El tema es que todo esto ocurrió en un período muy corto. Por eso decimos que no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. Ya las autoridades no están preocupadas en dar una apariencia de legalidad».
APRENDIZAJE DEL GOBIERNO
Para Patricia Tappatá Valdez, experta de la ONU, lo más preocupante de lo visto en estos últimos meses es el «aprendizaje» que ha tenido el gobierno para llevar a cabo este tipo de acciones como las vistas después de las elecciones.
«Está utilizando el ordenamiento legal de Venezuela y los compromisos internacionales para jugar en los límites. En los informes hablamos de desapariciones forzadas de corta duración, porque la gente no desaparece para siempre. Pero esas detenciones tienen elementos que son propias de la desaparición forzada, son presentadas fuera del plazo, en la noche, en espacios que no son los adecuados para las audiencias y sin avisar a las familias y abogados», señaló a El País.
No obstante, aseguró que lo que más le preocupa es la normalización de las detenciones arbitrarias. Además, resaltó que «Venezuela no puede quedar fuera de la vigilancia internacional ya que los hechos son realmente graves».
«Vemos con particular preocupación la represión a los menores, que podría inferirse que está dirigida a mostrar los resultados de participar directamente en una crítica al Gobierno. En estos casos han sido detenciones llevadas adelante por contenidos en los teléfonos o por participación en protestas callejeras. En ambos casos son actividades lícitas, pero que han sido objeto de represalias. El sentido es la extensión del temor y el mostrar los resultados de participar en lo que el Gobierno considera que no es una crítica admisible en Venezuela», lamentó.
