Aumentan las tensiones: Guyana rechazó que Venezuela construyera un puente militar cerca del Esequibo

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez 3 Min de Lectura
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Foto: Crónicas de Guyana

El Gobierno de Guyana protestó el sábado que el Gobierno de Nicolás Maduro construyera un puente militar cerca del Esequibo, territorio que ambas naciones se disputan y que es rico en petróleo.

En concreto, se construyó entre el pueblo criollo de San Martín de Turumbán y la isla fluvial de Anacoco, de la que el vecino país reclama una porción y donde hay una base militar venezolana.

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Dicho puente se inauguró en la previa y contó con la presencia de las autoridades venezolanas, quienes reiteraron «su soberanía».

«Guyana (…) registró su protesta formal por la finalización de un puente construido por las Fuerzas Armadas venezolanas para tierra continental venezolana con la isla de Anacoco, específicamente con la base militar que está situada en la parte de la isla que pertenece a Guyana», dijo en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Guyana, después de que en la víspera citara al embajador venezolano, Carlos Pérez.

«VIOLA EL ACUERDO DE SAN VICENTE»

Esta situación ha provocado que se reaviven las tensiones entre ambos países, las cuales se han mantenido en calma, a pesar de que el año pasado el Gobierno de Maduro convocó un referendo sobre el Esequibo, lo que generó que las fricciones subieran de nivel.

El pasado jueves, el canciller de Guyana, Hugh Todd, había criticado la decisión de construir un puente militar en la isla de Anacoco. A su juicio, «viola el acuerdo de San Vicente».

«Las actividades de Venezuela, incluidas sus actividades militares al este de la línea fronteriza, violan la soberanía de Guyana, y el derecho internacional exige que se detengan y que todo el personal, las instalaciones o el equipo construido o traído allí por Venezuela sea retirado», añadió la cartera de Exteriores.

Guyana ha argumentado el caso Esequibo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la disputa. Días atrás, presentaron sus últimas pruebas ante la corte, mientras el Gobierno de Maduro tiene hasta agosto de 2025 para responder.

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