Las recientes decisiones de la Administración del presidente de EEUU, Joe Biden, de no renovar ciertos permisos temporales afectan directamente a migrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Miles de personas podrían enfrentar procesos de deportación si no encuentran alternativas legales para permanecer en Estados Unidos, especialmente aquellas bajo el programa de permiso de permanencia temporal (parole humanitario), el Estatus de Protección Temporal (TPS) y Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
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En consecuencia, un futuro incierto se cierne sobre cientos de miles de migrantes. Sobre todo, para aquellos con permiso temporal para migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para quedarse en el país.
El parole es un beneficio temporal de dos años. Este permite permanecer en EEUU, pero al no ser renovado, quienes se encuentren con un permiso vencido enfrentarán el riesgo de deportación.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) quienes permanezcan en EEUU después de que expire su permiso podrían ser remitidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo cual implica procedimientos de deportación.
Otro programa que enfrenta posibles restricciones es el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que ofrece refugio por un tiempo a personas de países en crisis.
Más de 860.000 migrantes, muchos de ellos con más de una década en Estados Unidos, viven bajo la espada de Damocles del TPS. Con la fecha límite de 2025 acechando, el futuro de estos individuos pende de un hilo. Esto, porque de no renovarse el programa podrían enfrentar la deportación.
Y, por último, el programa DACA, creado bajo la administración de Barack Obama, protege de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes conocidos como «dreamers».
Aunque actualmente existen más de 535.000 beneficiarios activos de DACA. Sin embargo, el programa enfrenta batallas legales continuas y se espera que la Corte Suprema decida su futuro en 2025.
Si DACA llega a ser anulado, los beneficiarios también quedarán expuestos a la deportación. La solución es que encuentren otra vía legal para su permanencia.
