El director presidente de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, anunció este sábado que 103 detenidos en el estado Anzoátegui por las protestas posteriores al 28 de julio, habrían sido trasladados a la cárcel Yare 3, ubicada en el estado Miranda.
Así lo dio a conocer el abogado a través de sus redes sociales, donde condenó esta práctica de trasladar a reos fuera de su estado, lo que complica a sus familiares el poder visitarlos.
«CONFIRMADO: Los 103 presos políticos que sacaron ayer de «Puente Ayala», Anzoátegui, fueron llevados a la cárcel Yare 3 (Estado Miranda)», escribió Romero en su cuenta de X (Twitter).
Romero acompañó su publicación con un video del traslado de los detenidos, ante la impotencia de sus familiares que desconocían al lugar donde iban a ser reubicados.
MAYOR CANTIDAD DE PRESOS POLÍTICOS EN EL PAÍS DURANTE EL SIGLO XXI
La mencionada ONG alertó este jueves que hay 1.867 presos políticos en Venezuela. Al mismo tiempo advirtió que es la mayor cantidad de detenidos por esta causa, al menos desde que comenzó el siglo XXI.
Foro Penal precisó que 1.799 de los presos políticos son adultos, mientras que 68 son adolescentes. Además, apuntó que 1.637 son hombres y 230 mujeres. Adicionalmente, hay 159 militares en la lista.
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«Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el Siglo XXI. Seguimos recibiendo y registrando detenidos», expuso el Foro Penal en su cuenta de X (Twitter).
La ONG advirtió que para el 22 de julio había 305 presos políticos. En consecuencia, 1.562 personas se sumaron a la lista en los últimos dos meses.
1.700 DETENCIONES DESDE EL 29J
El Foro Penal también señaló que desde el 29 de julio fueron detenidas 1.723 personas, incluyendo 34 en la última semana. Además, 1.716 de los presos políticos siguen sin ser procesados, mientras que 151 están condenados.
«Presos políticos incluye a personas que se mantienen privadas de libertad. No incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)», acotó la ONG.